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Una operación a gran escala
La reciente operación llevada a cabo por el Udine Flying Squad condujo a la detención de 19 cuidadores de nacionalidad georgiana, acusados de posesión de documentos falsos. Esta acción, en la que participaron agentes de varias regiones italianas, dio lugar a 52 registros en varias provincias, revelando un fenómeno preocupante vinculado a la estancia ilegal de extranjeros en nuestro país.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de los informes recibidos de las oficinas territoriales de la Agencia Tributaria, que habían detectado un flujo anómalo de mujeres georgianas que se presentaban como ciudadanas de la comunidad. Estas mujeres mostraron documentos de identidad válidos para viajar al extranjero, procedentes de estados miembros de la Unión Europea, como Eslovaquia, Polonia y Lituania.
Documentos falsos y acceso al trabajo
Gracias a la presentación de estos documentos, las cuidadoras pudieron obtener el código fiscal comunitario, necesario para acceder al mercado laboral, especialmente en el sector de cuidados domésticos. Este sistema les permitió disfrutar de beneficios legales, fiscales y sanitarios, eludiendo las regulaciones italianas relativas a la entrada y permanencia de ciudadanos extracomunitarios.
Las investigaciones revelaron que estas mujeres se movían fácilmente entre provincias italianas y encontraban trabajo sin dificultad. Las búsquedas se llevaron a cabo en provincias como Udine, Venecia, Bolzano, Pistoia, Florencia, Turín, Lecce, Latina, Varese, Belluno y Prato, donde se incautaron 36 documentos comunitarios falsos y otros tantos códigos fiscales.
Las consecuencias legales y las investigaciones en curso.
Al final de las operaciones, seis mujeres fueron detenidas en Pordenone, cuatro en Venecia, tres en Bolzano y otras en diferentes provincias. El cargo principal es posesión y fabricación de documentos de identificación falsos. Además, otras 17 mujeres fueron denunciadas en libertad por el mismo delito. Las investigaciones de las oficinas de inmigración han revelado que todos los extranjeros denunciados, si no tienen un permiso de residencia regular, serán expulsados del territorio italiano.
Las investigaciones no se detienen aquí: los investigadores plantean la hipótesis de la existencia de una organización bien estructurada, capaz de fabricar documentos falsos en el extranjero y entregarlos rápidamente a los compradores, por un pago de unos 600 euros. Este escenario pone de relieve no sólo la vulnerabilidad de las mujeres involucradas, sino también las lagunas en el sistema de control de inmigración en Italia.