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El contexto del decreto de seguridad
El reciente decreto de seguridad ha provocado un acalorado debate en Italia, con 257 abogados públicos lanzando un llamamiento público para destacar sus posibles violaciones de las prerrogativas constitucionales. Este documento, que pretende reprimir la disidencia y comprimir los derechos fundamentales, se considera una pieza peligrosa en una democracia.
Los expertos advierten que adoptar medidas tan drásticas podría socavar los cimientos mismos de la libertad y la justicia en el país.
Críticas al decreto
Los firmantes del recurso señalan que el decreto no sólo aumenta irrazonablemente las sanciones penales, sino que también lo hace mediante un uso excesivo de decretos de emergencia. Este enfoque, según los expertos en derecho público, es inadecuado y corre el riesgo de comprometer numerosos principios constitucionales. Entre ellos, el principio de igualdad, que no permite equiparar los centros de internamiento de extranjeros extracomunitarios con las prisiones, ni confundir la resistencia pasiva con los actos de revuelta.
Preocupaciones sobre la libertad personal
Otro punto crítico planteado se refiere al llamado daspo urbano, que permite al comisario de policía equiparar a personas condenadas y denunciadas, violando así el artículo 13 de la Constitución, que protege la libertad personal. Además, la disposición que autoriza a la policía a portar armas distintas a las de servicio e incluso fuera de servicio es vista como un paso más hacia una mayor represión. Estas medidas, según expertos en derecho público, no sólo minan la confianza en las instituciones, sino que también crean un clima de miedo e inseguridad entre los ciudadanos.
La vaguedad de las disposiciones
Las disposiciones del decreto-ley que aumentan la represión penal de los delitos durante las manifestaciones públicas son criticadas por su vaguedad. Esta falta de claridad entra en conflicto con el principio de tipicidad de la conducta penalmente relevante y viola la protección constitucional otorgada a la libertad de reunión. Los expertos en derecho público advierten que estas medidas no sólo limitan el derecho a la expresión, sino que también plantean interrogantes sobre la legitimidad de las acciones de aplicación de la ley en contextos de protesta.
Un futuro incierto para los derechos civiles
En conclusión, el decreto de seguridad representa un giro en materia de seguridad que pone el énfasis en el orden público y la represión, en lugar de en la protección de los derechos y libertades fundamentales. No se pueden ignorar las preocupaciones expresadas por los expertos en derecho público, ya que reflejan un temor creciente sobre la dirección que está tomando la legislación italiana en materia de seguridad y derechos civiles. Es esencial que la sociedad civil y las instituciones mantengan un alto nivel de atención en estas cuestiones, para garantizar que se respeten y protejan los principios democráticos.