Adnkronos Roma, 20 de marzo (Adnkronos) – «El Gobierno de Meloni está asestando un duro golpe a la lucha contra la delincuencia. El límite de 45 días introducido en nuestro ordenamiento jurídico para las escuchas telefónicas, incluso para delitos muy graves como asesinato, secuestro y violencia contra la mujer, es una decisión política que pone en riesgo las investigaciones y la identificación de los autores de delitos graves, y solo se explica por el prejuicio de la derecha italiana hacia el poder judicial y hacia el principio de autonomía e independencia que lo sustenta».
Así lo afirmó el líder del grupo demócrata en la Comisión de Justicia de la Cámara, Federico Gianassi.
La mayoría podría haber corregido esta desviación, podría haber aceptado las enmiendas que solicitaban excluir el homicidio y los delitos del Código Rojo de la limitación de las escuchas telefónicas. Pero optó por rechazarlas, demostrando una grave irresponsabilidad. En un país donde la derecha no ofrece respuestas ante casos como el de Paragon, resulta realmente increíble que el gobierno y la mayoría se dediquen a combatir las escuchas telefónicas habituales, que cumplen con los requisitos de la ley y están autorizadas por el poder judicial.