Según el artículo 14 del proyecto de ley de Seguridad recién aprobado sin modificaciones por la Cámara de Diputados, quien obstruya una vía de comunicación o una línea ferroviaria podría enfrentarse a una pena máxima de prisión de un mes. Si la acción se produce en grupo, la pena podría ampliar la prisión de seis meses a dos años. La oposición ha denominado irónicamente esta cláusula la "ley anti-Gandhi". Gianni Cuperlo (Pd) destacó cómo miles de estudiantes podrían enfrentar cargos penales si deciden bloquear las calles. Arturo Scotto mencionó los derechos de los trabajadores que podrían sufrir las consecuencias penalizadoras de esta ley. "Esta ley es represiva para los trabajadores y los activistas medioambientales", afirmó Laura Boldrini. Otras críticas vinieron de Avs y M5. Stefania Ascari (5s) dijo que podría estar entre las primeras en ser acusadas, pero que seguiría apoyando a los trabajadores explotados. Angelo Bonelli lamentó esta cláusula como un momento crucial para la democracia italiana, refiriéndose a Whirlpool y a los ex empleados de Ilva que protestaron ocupando las calles para defender sus derechos. "Un día triste en el que la respuesta a las crisis sociales se convierte en prisión", concluyó.
La Sala aprueba penas de prisión para quienes obstruyan el tráfico rodado y ferroviario.
El artículo 14 del proyecto de Ley de Seguridad, aprobado por la Cámara de Diputados, prevé pena de prisión para quienes obstruyan vías de comunicación o vías férreas, con pena mayor si ocurre en grupo. La oposición criticó la ley, calificándola de "ley anti-Gandhi". Entre las críticas destacan las relativas a los potenciales efectos sobre los derechos de los trabajadores y activistas medioambientales, y las posibles repercusiones criminales sobre los estudiantes que decidan bloquear las carreteras. También surgió disensión entre los Av y M5, con referencia específica a las protestas de Whirlpool y ex trabajadores de Ilva.
